Los talleres españoles exponen el conflicto talleres-aseguradoras en el Parlamento Europeo

Luis Ursúa, vicepresidente segundo de CETRAA, ha expuesto ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la problemática entre los talleres de reparación y las compañías aseguradoras, en representación de CETRAA, CONEPA, FAGENAUTO y GANVAM. Al acto también han acudido Rocío Martín, directora del Departamento Jurídico de CONEPA, César Sanz, secretario ejecutivo de FAGENAUTO y Jaime Barea, director corporativo y jurídico de GANVAM.

Cabe recordar que a comienzos de 2022 las cuatro entidades denunciaron en Europa al Estado español por el incumplimiento de cuatro Directivas y varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la UE, permitiendo las malas prácticas de las aseguradoras en su relación con los talleres de reparación.

Así, Ursúa ha explicado que piden esta intervención “como consecuencia de que la situación que expusimos en nuestra petición de queja, lejos de solucionarse, va empeorando día a día poniendo en riesgo la viabilidad del sector reparador al que representamos, sin que las autoridades u organismos españoles atiendan nuestras demandas”. Asimismo, el vicepresidente segundo de CETRAA ha detallado que trabajan conjuntamente con otras organizaciones europeas tanto del sector (CECRA y AIRC) como de los consumidores (FIA).

“Centrándonos en lo que ocurre en España hay que señalar que en torno al 90% de los trabajos de chapa y pintura de los talleres de reparación están cubiertos por una póliza de seguros, y que no es posible en la práctica poder trabajar con una compañía aseguradora que respete tanto las normas de la libre competencia como los derechos de los consumidores ya que todas ellas realizan prácticas abusivas similares, por lo que hay clara situación de colusión tácita y abuso de posición dominante. Se puede decir que actúan como si fueran un oligopsonio (grupo de compradores que controlan a sus vendedores de servicios, en nuestro caso aseguradoras y talleres respectivamente)”, ha ahondado Ursúa.

Y continúa declarando que “las compañías de seguros han abandonado el carácter indemnizatorio que la legislación les atribuye para con sus asegurados en virtud de la póliza de seguros suscrita, para pasar a ser un prestador de servicios de reparación para estos mismos, con independencia de quién sea el causante de los daños que ha sufrido su vehículo (en el supuesto de un tercero perjudicado es la compañía del vehículo causante del accidente quien debe hacerse cargo de los mismos)”. Por lo que, según el representante de los talleres, “este cambio de rol, sin amparo legal alguno, salvo supuesto de existir contrato entre compañía de seguros y empresario de taller, conlleva que las aseguradoras en todo momento quieran imponer sus criterios de costes en función de sus intereses económicos y con independencia del coste real de la reparación en un taller”.

Ursúa continúa detallando que “durante los últimos años, las primas de los seguros en España no se han actualizado conforme al incremento de los costes de la vida, sino que por el contrario se han reducido. De este modo, actualmente muchas de las aseguradoras tienen, en importe global, una cobertura de siniestros por encima de lo que recaudan por la suscripción de las pólizas. Para reducir este desfase intervienen imponiendo, sin negociación entre las partes, como ya hemos dicho, sus criterios económicos de reparabilidad sin amparo alguno en el coste real de lo que cuesta una reparación y vulnerando los derechos de los consumidores, tal y como se detalla a continuación”.

Así, ha pasado a detallar el modus operandi de las aseguradoras, de quienes ha expuesto que, en primer lugar, determinan (sin negociación alguna) el precio hora en concepto de mano de obra para el que debe trabajar el taller sin respetar el que este haya podido determinar en función de sus costes de producción, expuesto por otro lado a los consumidores en el cartel de precios. Además, establecen unilateralmente el tipo de recambio que debe ser utilizado en la reparación sin dar opción al reparador ni al consumidor de intervenir en su elección. En muchos casos determinan a quién hay que comprar estas piezas de recambio o el material de pintura a emplear sin que el taller pueda elegir aquel que le dé más garantías en cuanto a calidad o mejores condiciones económicas. También, según Ursúa, exigen en numerosas ocasiones la reparabilidad de piezas de recambio que según las indicaciones de los fabricantes de automóviles deberían ser sustituidas para poder garantizar las óptimas condiciones técnicas de funcionamiento del vehículo. Por otro lado, fijan mecanismos que les ayudan a tener el control del coste de la reparación.

Ursúa también ha expuesto que “las aseguradoras, además de no permitir a los consumidores elegir, como ya se ha dicho, el recambio de su reparación, limitan su derecho a elegir libremente su taller de confianza, en especial cuando es un tercero perjudicado. Esto les obliga a llevar su vehículo al establecimiento que le determina su compañía bajo falsos e interesados pretextos. Les obligan a tomar, en la práctica, una decisión que de otra forma no habrían tomado. Con esas impropias afirmaciones que utilizan, modifican y alteran el comportamiento de los usuarios y, por tanto, afectan a la libre competencia en el mercado”. Y ha proseguido explicando que “en el caso de pólizas a todo riesgo, en ocasiones los consumidores firman la obligación de llevar su vehículo accidentado a un determinado taller seleccionado por la compañía de seguros, no siendo previamente informados con claridad y transparencia de las cláusulas y el condicionado particular que contiene la póliza. Como cláusula limitativa, debe ser, conforme a la Ley, resaltada en la póliza y firmada de forma separada; circunstancia que habitualmente no se realiza”.

De esta manera, ha pedido “el amparo de las instituciones europeas para que garanticen el derecho a la libre competencia en el mercado asegurador, velando por la sana concurrencia en las relaciones aseguradoras-talleres, lo que derivará a su vez en una defensa y protección de los consumidores”. Ha asegurado que “hasta el momento, el Estado español está permitiendo que el sector asegurador lleve a cabo estas prácticas abusivas, vulnerando la normativa que detallamos en nuestro escrito de peticiones. De continuar esta situación, se pone en riesgo la supervivencia de todo un sector reparador de chapa y pintura, que agrupa a unas 12.000 empresas (en España hay unos 40.000 talleres) que dan empleo de forma directa a más de 50.000 personas y tiene una facturación de más de 4500 millones de euros”.

“Confiamos en que desde la UE se siga abordando este expediente abierto, siendo sensibles a los abusos que se están produciendo con consentimiento del Estado español. De no ser así, se seguirá vulnerando la libre competencia de mercado y los talleres seguirán viendo comprometida su supervivencia, siéndoles cada vez más difícil poder ofrecer un servicio de calidad y con las debidas garantías para los consumidores”, concluye en su intervención.