Los juzgados de Vigo ya han admitido a trámite 15 de las más de 100 demandas presentadas por las víctimas contra Stellantis por los motores fallidos. El pasado mes de diciembre se presentaron las primeras 112 demandas en esta ciudad, donde Stellantis tiene su sede principal. Se abrió así la vía judicial que debería llevar a la multinacional francesa a compensar a esas víctimas con una indemnización total (para esos 112 expedientes) de 1.150.000 euros.
El presidente de Afestel, Yerba Luca de Tena, se ha mostrado satisfecho con la noticia de la admisión a trámite de las primeras demandas y ha expresado que “es un paso positivo; Stellantis deberá reconocer el problema que tiene y empezar a responsabilizarse de los problemas que ha generado en los miles de personas que en su momento confiaron en sus marcas”.
Los representantes de los afectados, Afestel, aseguran que a finales de enero tendrán lugar las citaciones de manera individualizada para iniciar los procesos de conciliación con el fabricante, a través de los cuales intentar lograr un acuerdo de compensación para las víctimas. En paralelo, las consecuencias legales de esta negligencia en la ingeniería de los motores Puretech podrían proyectarse al resto de Europa. Precisamente, esta noche los afectados franceses deciden en asamblea si van a juicio contra Stellantis. Aunque en España no ha sido traspuesta todavía la normativa europea sobre demandas colectivas, los usuarios españoles afectados y representados por Afestel podrían apoyar la reclamación francesa e incluso incorporarse, dado el mayor avance y protección que otorga el país galo a los consumidores. Debe tenerse presente que ha sido en Francia donde se han fabricado los motores defectuosos.
Según informa Afestel, detrás de las correas de distribución rotas, de las innumerables averías, de los motores que finalmente se van para siempre, hay casos dramáticos. Familias que están desesperadas y endeudadas, a la espera de que la multinacional Stellantis ofrezca una solución o, en su defecto, que la justicia actúe. La historia de Marta es un ejemplo de la desesperación que viven muchas familias. Su coche tiene un motor Puretech y lleva 15 días parado a la espera de que el taller le cambie la correa de distribución. Cada mes pasa por el taller por una avería distinta; el gasto ya supera los 3.000 euros. La compañía, Stellantis, no acepta asumir los gastos a través de la garantía ampliada y ya no tiene más recursos para asumir ella los costes. “Mi coche es la movilidad de mi madre discapacitada, enferma de Parkinson”. Marta está a la espera de que el taller le dé una solución a su problema, pero tiene claro que, si le dicen que debe cambiar el motor, no lo podrá hacer. “No tengo más dinero para averías; si tengo que encadenarme ante el concesionario, lo haré”, afirma esta madrileña desesperada ante una situación, que añade no entiende cómo no tiene mayor trascendencia en la opinión pública. “Me ha llamado hoy del concesionario, para decirme que la culpa es mía por no cambiarle la correa en junio y que ahora no se harán cargo de ninguna reparación”.
Recordemos que se trata de un defecto de fabricación de este tipo de motores utilizados en marcas como Opel, Peugeot, Citroën, DS, Jeep y Toyota, que consiste en una degradación paulatina de la correa de distribución, lo que provoca un elevado consumo de aceite, mal funcionamiento de la bomba de vacío y otros graves fallos que derivan en una prematura degradación del motor. Todo ello supone para los propietarios costosas reparaciones, ya que los concesionarios no atienden las reclamaciones amparándose en que los plazos de garantía han vencido o en que las reparaciones no se han llevado a cabo en el propio concesionario de la marca.
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