Conepa requiere medidas concretas al Gobierno de España en la regulación de los talleres

Conepa pretende aliviar la presión regulatoria a la que está sometida el sector y por ello ha realizado la petición formal al gobierno de una serie de medidas favorables al taller en los ámbitos de Medio Ambiente, Industria, Consumo y Trabajo. 

Entre estas medidas destacan poder repercutir los costes de la gestión de los residuos, legalizar el uso de resguardos de depósito o presupuestos electrónicos, aumentar la presión inspectora y sancionadora a las instalaciones de reparación ilegales incumplidores en materia de PRL, incluir a los talleres y autónomos del sector entre los beneficiarios de las ayudas de industria o el sistema de bonificación de la formación en el ámbito laboral.

En cumplimiento de su programa en favor de los empresarios españoles dedicados al mantenimiento y reparación de vehículos para este 2025, Conepa acaba de realizar una primera ronda de contactos con distintos ministerios para transmitirles una serie de peticiones con medidas concretas para facilitar la actividad de los talleres.

“El objetivo de este intenso establecimiento de contactos con diferentes ministerios es visibilizar ante las Administraciones Públicas a los empresarios del taller como un colectivo muy regulado al que además de imponer normativas que generalmente representan un coste, también se les puede cuidar aprobando otro tipo de medidas que propicien su desarrollo empresarial”, explica Ana Ávila, directora corporativa de Conepa.

En este sentido, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha recibido dos peticiones por parte de la federación de talleres.

Una primera para que, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se introduzca en el Real Decreto de Talleres la posibilidad directa de poder cobrar en factura al usuario, como un importe o concepto más, lo que el empresario soporta como costes medioambientales de gestión de residuos, al igual que ya pasa con aceites usados o neumáticos fuera de uso.

Al departamento de Consumo se ha dirigido también la solicitud de que el Real Decreto de Talleres contemple expresamente la posibilidad de que las obligaciones documentales, como, por ejemplo, los resguardos de depósitos o presupuestos, puedan también realizarse por medios electrónicos, cumpliendo los requisitos de autenticidad en cuanto a las firmas.

La federación ha cursado también al Ministerio de Justicia la petición de que la legislación introduzca expresamente la idea de que las mediaciones que se realizan en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y en los Consejos Municipales de Consumo son mecanismos adecuados de resolución de conflictos (MASC) conforme a la nueva Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En el ámbito del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la federación de talleres ha solicitado en primer lugar al departamento que dirige Yolanda Díaz minimizar la presión inspectora y sancionadora en materia de PRL en aquellos talleres legalmente establecidos. También, pensando en el elevado número de autónomos que trabajan en el sector, ha pedido al Ministerio agilizar los planes previstos para que estos trabajadores puedan bonificar la formación que realicen al igual que los trabajadores en Régimen General.

Por último, Conepa ha cursado petición al Ministerio de Industria y Turismo para que incluya en las ayudas directas al fomento de la movilidad sostenible y segura incentivos para la inversión en maquinaria y adaptación de los talleres a esa nueva realidad.