La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha acogido con agrado las medidas recogidas en el undécimo paquete de sanciones a Rusia, orientadas a evitar la elusión de las anteriores sanciones. Desde la entidad, esperan que estas medidas puedan frenar la entrada de diésel ruso a España vendido a través de terceros países, de la que ya alertó el sector el pasado mes de abril, aunque señalan la necesidad de poner fin a otras prácticas fraudulentas que se producen en el mercado de distribución de combustibles líquidos.
En primer lugar, AOP señala el fraude que lleva produciéndose, especialmente desde el año 2015, en materia de IVA, ocasionando no solo un problema de competencia desleal en el sector, sino también, un perjuicio a las arcas públicas y al consumidor final.
En segundo lugar, la asociación señala que existe también un fraude en la venta de biocarburantes. La venta de biocarburantes se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio. AOP denuncia que conforme han aumentado las obligaciones de venta de biocarburantes, han incrementado los importes no ingresados en concepto de pago compensatorio por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener. En seis años, la cantidad adeudada se ha multiplicado por cincuenta, alcanzando los 72,5 millones de euros en 2021.
Además, señalan que este fraude implica, en primer lugar, un perjuicio para el medio ambiente al retrasar el cumplimiento efectivo de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito de la movilidad. Además, esta práctica supone una alteración del buen funcionamiento del mercado, que perjudica la competitividad de los operadores que cumplen la normativa, frente a los que defraudan.
Todas las actuaciones fraudulentas anteriormente expuestas afectan a la competitividad del sector, a la eficiencia energética, a la reducción de emisiones de CO2, a la seguridad de suministro y a la recaudación impositiva. Por todo ello, AOP cree que es necesario prevenir esta problemática y luchar contra ella, y plantea una serie de medidas para ahondar en su erradicación.
En primer lugar, como medida que puede tener un efecto transversal para evitar el fraude de todas las obligaciones que recaen sobre los operadores al por mayor, señalan que urge la aprobación del RD por el que se establece la obligación de presentar una garantía financiera para el ejercicio de la actividad.
Por otra parte, contra el fraude en el IVA, además de la intensificación de los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales, explican que debe ponerse especial cuidado en una temprana reacción contra los defraudadores para que el impacto económico sea mínimo.
Con respecto a la no incorporación de biocarburantes, AOP propone: modificar la herramienta de información SICBIOS e introducir un mecanismo de alerta temprana de posibles incumplimientos. Y aplicar inmediatamente el régimen sancionador (contemplado en el título VI de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), abriendo el correspondiente expediente sancionador a todas las entidades que no cumplan con su obligación de venta de biocarburantes.
Por último, proponen conectar los sistemas de los depósitos fiscales con las entidades de certificación y control (AEAT, SICBIOS, etc.) correspondientes para tener una trazabilidad del producto de cada operador.
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