La propuesta de la Comisión Europea de imponer derechos compensatorios definitivos a las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China obtuvo, el pasado 4 de octubre, el apoyo necesario de los Estados miembros de la UE para la adopción de aranceles, lo que representa un nuevo paso adelante hacia la conclusión de la investigación antisubvenciones de la Comisión. La propuesta salió adelante con los votos favorables de Italia, Francia, Polonia, Países Bajos, Irlanda, Letonia, Lituania, Estonia, Bulgaria y Dinamarca. En contra votaron Alemania, Hungría, Malta, Eslovenia y Eslovaquia, mientras que se abstuvieron Bélgica, Croacia, República Checa, Grecia, España, Chipre, Luxemburgo, Austria, Portugal, Rumanía, Suecia y Finlandia. Como puede observarse, la votación refleja divisiones sobre las relaciones comerciales de la UE con China y algunos Estados miembros reclaman firmeza contra lo que consideran subsidios estatales excesivos.
Esta propuesta, que debería entrar en vigor en noviembre y se aplicaría los próximos 5 años, impondrá aranceles de hasta el 45% a los vehículos eléctricos de batería fabricados en China, lo que costará a los fabricantes de aquel país miles de millones de euros, por lo que es indudable que Pekín tome represalias. De hecho, el Ministerio de Comercio de China mostró el mismo viernes su desacuerdo con los aranceles, a los que calificó de “injustos, no conformes e irrazonables” y atentan contra las normas de la OMC, organismo ante el que ya ha presentado una demanda. Según su portavoz, “tomará las medidas que sean necesarias para salvaguardar los intereses" de las empresas chinas, a la vez que hizo un llamamiento a mantener las negociaciones para encontrar una solución favorable al conflicto.
Recordemos que, desde el pasado julio, la Unión Europea aplica tarifas de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China como respuesta al perjuicio que generan en sus competidores europeos los subsidios “ilegales” que el Gobierno concede a sus fabricantes. El gravamen se suma al 10% que la UE ya aplica a las importaciones de vehículos y, si China no presenta una oferta mejor, hará definitivos los aranceles a partir del 30 de octubre.
La Comisión señaló que estos aranceles contrarrestan las subvenciones que China está dando a sus fabricantes de automóviles, las cuales consideran injustas tras la investigación antisubvenciones; si bien, Bruselas y Pekín seguirán trabajando para explorar una solución alternativa que tendría que ser plenamente compatible con la Organización Mundial del Comercio (OMC), adecuada para abordar la subvención perjudicial establecida por la investigación de la Comisión, controlable y ejecutable.
Para los consumidores, los aranceles podrían significar precios más altos para los vehículos eléctricos, lo que socavaría el objetivo de la UE de ser neutral en carbono para 2050.
Por su parte, la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) ratificó su postura sobre el comercio libre y justo, el cual es “esencial para garantizar la igualdad de condiciones para todos los competidores, pero es sólo un aspecto de la competitividad global”, y añadió que para que el sector automotriz europeo sea competitivo en la carrera mundial de vehículos eléctricos, “es crucial una estrategia industrial integral, como se destaca en el informe Draghi”. Esto implica, según Acea, asegurar el acceso a materiales críticos y energía asequible, establecer un marco regulatorio consistente, expandir la infraestructura de carga y recarga de hidrógeno, brindar incentivos de mercado y abordar varios otros factores clave.
Acea espera que el reglamento que impone las medidas antisubvenciones se publique a fines de octubre y reconoce los esfuerzos paralelos que están realizando Bruselas y Pekín para negociar una posible alternativa a los derechos compensatorios.
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