La manipulación de los cuentakilómetros es uno de los fraudes más extendidos en la compra-venta de vehículos de segunda mano. Según datos del RACC, el 12% de los coches de ocasión vendidos en España podría tener el kilometraje alterado, una cifra que podría subir al 30% en el caso de los importados de terceros países. Como respuesta a esta problemática, CiU ha propuesto en el Congreso de los Diputados una serie de medidas para poner fin a este fraude, entre las que se encuentra la obligatoriedad de los talleres de reportar las lecturas de los cuentakilómetros de los vehículos con los que entren en contacto.
Según CiU, estas prácticas suponen un problema en múltiples sentidos, ya que no sólo implican un sobrecoste en el precio para el consumidor, sino que también atentan contra la seguridad vial y contra la propia economía del nuevo propietario. No en vano el RACC cifra en 343 millones de euros anuales el fraude económico derivado de la manipulación de los cuentakilómetros.
Esta proposición no de ley presentada por la coalición nacionalista tendrá que ser debatida en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso. El texto propone que talleres, concesionarios, estaciones de ITV y controles policiales reporten las lecturas de kilometraje de los vehículos que pasen por sus manos. Además, CiU considera necesario que esta información sea compartida a nivel internacional para evitar el fraude proveniente de las importaciones.
Desde el 1 de enero de 2014, las ITV están obligadas a reportar el kilometraje de todos los vehículos a la DGT, por lo que el cruce de estos datos con los aportados por los talleres y concesionarios podría eliminar por completo este fraude de nuestro país. Cabe recordar que la manipulación del cuentakilómetros no es delito en España si no se aprovecha para cometer una estafa.
Las primeras reacciones a esta noticia no han tardado en llegar. La Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa) ha aplaudido esta iniciativa y ha recordado la preocupación de la DGT, que alerta a las autoridades de las carencias en los mantenimientos de los vehículos como consecuencia de la crisis. Una negligencia que, para la patronal, “compromete seriamente la seguridad vial en las carreteras españolas”.
María del Carmen Antúnez, presidenta de Cetraa, considera que estas dos propuestas son “altamente plausibles, ya que ambas contribuyen a mejorar la seguridad vial, defienden los derechos de los consumidores e implican directamente a los talleres de reparación de automóviles como agentes esenciales para el mantenimiento y cumplimiento de normas que afectan positivamente tanto a los conductores como al sector de la reparación”.
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