Aevecar, AOP, CEEES y UPI celebran una jornada para analizar el fraude en la distribución de carburantes

Aevecar, AOP, CEEES y UPI han celebrado la jornada "Fraude en la distribución de carburantes: un problema de todos para el que hay solución”, para analizar este problema, su repercusión sobre la actividad empresarial y las arcas públicas y las soluciones más eficaces para ponerle freno.

Los organizadores han apuntado en este sentido a una fórmula que garantice el pago del IVA como una vía eficaz y necesaria para atajar la problemática, junto con la adopción de otras medidas complementarias.

El acto ha tenido lugar en la sede de CEOE y ha contado con la inauguración del presidente de la organización de empresarios, Antonio Garamendi, que ha incidido en “que el fraude fomenta una competencia desleal, que va en detrimento del propio desarrollo empresarial, y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que va en contra de la voluntad de las empresas del sector”. Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un “marco jurídico que ofrezca certezas y genere confianza, mediante la garantía de una competencia leal”.

El fraude en la distribución de carburantes impacta negativamente en la actividad del sector, ya que lastra la competitividad de los operadores que cumplen la normativa e, incluso, pone en riesgo la continuidad de las compañías más vulnerables, frente a aquellos que optan por el fraude. De igual modo que afecta muy considerablemente a la seguridad de suministro, a la recaudación impositiva y a la consecución de los objetivos de descarbonización.

Según ha expuesto Juan José Blanco, socio de KPMG Abogados, el fraude “resta muchos ingresos al Estado, además de expulsar del mercado a otros operadores, ya que el nivel de operadores cumplidores se va reduciendo por la imposibilidad de mantener este negocio”. Entre las soluciones que ha propuesto, ha señalado la necesidad de mejorar la agilidad de la Agencia Tributaria para actuar y anticipar el pago del IVA.

Ante esta grave situación, el sector reclama medidas que, de forma definitiva y efectiva, permitan la prevención y erradicación de este tipo de prácticas fraudulentas.

Para explorar posibles soluciones, la jornada también ha contado con un espacio dedicado a las experiencias de otros países de la UE, en concreto, de Italia y Portugal. Marina Barbanti, directora de UNEM (Unione Energie per la Mobilità) ha explicado que en Italia fue clave la colaboración con la Administración para identificar las causas y poder aplicar medidas adecuadas: “hemos conseguido reducir el fraude de un 6% del mercado, a un 1 o 2%”.

Por su parte, Antonio Comprido, secretario general de APETRO-Energia em Evolução, ha señalado las tres causas principales del fraude en el país luso: las insuficiencias regulatorias, la lentitud de la justicia, la falta de coordinación entre las Administraciones y la necesidad de mejoras de los procedimientos de control.

En la mesa redonda de diálogo, Víctor García Nebreda, secretario general de AEVECAR; Javier Albares, presidente de la Comisión Antifraude de AOP; Jorge de Benito, presidente de CEEES y Luis Nieves, presidente de UPI, han apuntado que, pese al interés mostrado por el Gobierno para poner freno al problema del fraude fiscal en carburantes, la situación persiste y las pocas medidas llevadas a cabo hasta ahora son insuficientes.

Una de las modalidades de fraude más comunes y la más alarmante a juicio de los ponentes, es el impago del IVA. Por ello, durante la jornada se ha analizado la medida consistente en garantizar a la Administración el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos en los que se almacenan. De esta forma, los operadores fraudulentos que actualmente no ingresan el IVA verán limitadas sus opciones.

Esta medida ha sido propuesta por algunos de los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto de Ley procedente del Real Decreto-Ley 8/2023 y es un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector. Por este motivo, las asociaciones han insistido en la necesidad de retomar la tramitación parlamentaria de la ley, que está paralizada desde hace semanas, y recalcan la importancia de que los grupos respalden la incorporación de esta medida en la redacción definitiva de la Ley, y se pueda poner en marcha.

Otras medidas a aplicar de urgencia

Además, se han puesto sobre la mesa otras medidas para aplicar de manera urgente, como, por ejemplo, la obligación de liquidaciones mensuales del IVA y la llevanza de los libros de facturas mediante el Suministro Inmediato de Información (SII) para todos los que intervienen en la cadena de comercialización del sector.

Por ello, insisten en la importancia de incrementar el control, tanto en el proceso de autorización para operar en el sector a los “Operadores Petrolíferos”, como a lo largo de toda su vida activa para asegurar que cumplen con sus obligaciones.

El sector ha coincidido en que es la Administración quien debe intensificar las labores de control y seguimiento, así como adoptar medidas que incrementen, en primer lugar, la prevención del fraude y en segundo lugar, la velocidad y también la capacidad de detección del mismo. Además, la coordinación entre las distintas administraciones es una condición clave para una eficaz lucha contra el fraude.

Los operadores minoristas y las estaciones de servicio han hecho especial énfasis en este punto, ya que para ellos la prevención y el control en los eslabones previos de la cadena es clave. Esto se debe a que la competencia desleal puede ser muy dañina para las gasolineras más vulnerables, incapaces de competir con precios anormalmente bajos derivados del fraude.

Respecto de la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, han alertado de la intensificación del fraude en incorporación de biocarburantes que se ha producido en los últimos años, que, aseguran, será mayor a medida que aumente el porcentaje obligatorio de combustibles sostenibles a incorporar. Además de suponer una competencia desleal, han subrayado su impacto en el clima. Por ello, han propuesto mejoras en el actual sistema de certificación de biocarburantes (SICBIOS), así como la incorporación de un sistema de alerta temprana del fraude.

En definitiva, toda la cadena de valor pide urgentemente la toma de medidas contundentes y acciones concretas, y está dispuesta a colaborar estrechamente con la Administración para abordar de manera conjunta los cambios regulatorios necesarios para poner fin al fraude en la distribución de carburantes y garantizar la seguridad de suministro energético, la protección de los contribuyentes y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.