Hace un año escribía esta misma columna mientras los ministros europeos de Competitividad (de Industria, en nuestro caso) debatían sobre la recientemente aprobada EURO 7. Y aunque esta normativa no entrará en vigor para los camiones, autobuses y remolques hasta 2029, ya representa un verdadero desafío para el sector del transporte de mercancías y pasajeros. Pues no sólo establece límites actualizados para las emisiones de escape, sino que también introduce, por primera vez, restricciones para las emisiones derivadas de, por ejemplo, frenos y neumáticos. De hecho, los camiones y autobuses deberán reducir sus emisiones contaminantes el 60% de media en 2035. Se trata, sin duda, de un hito significativo en la regulación de emisiones para vehículos industriales (V.I.).
No es un misterio que el objetivo último de la Unión Europea es poner fin a la venta de vehículos de combustión nuevos. En el caso de los turismos, para 2035, prohibiendo su circulación en 2050. Veremos a ver... En el de camiones y autobuses, el objetivo fijado por las autoridades europeas a principios de este año, por acuerdo del Europarlamento y el Consejo Europeo, es reducir sus emisiones de CO2 el 90% para 2040 (de forma transitoria, el 60% en 2035 y el 45% en 2030). Una reducción, además, que se tiene que comparar con las de 2019, cuando ya se habían limitado bastante respecto a años anteriores. En cuanto a los autobuses urbanos, la reducción del 90% se debe alcanzar en 2030… y tendrá que ser del 100% en 2035. Esto es, Bruselas fija con claridad una fecha para la prohibición de la venta de autobuses urbanos de combustión y desincentivará progresivamente la del resto y la de los camiones.
Según algunos cálculos, en 2030, el 30% de los camiones vendidos serán eléctricos o de hidrógeno, porcentaje que subirá hasta el 75% en el año 2040.
Con todo, este ambicioso plan inicialmente impulsó una EURO 7 extremadamente rigurosa, que parece que, finalmente, ha encontrado un equilibrio (no sin retos significativos para el V.I.) entre la lucha por un futuro sostenible y la viabilidad de nuestro sector, con una progresiva reducción de los límites de emisiones. Porque caminar hacia un planeta más verde no debería comprometer, en ningún caso, la salud financiera de las empresas involucradas.
Este margen hasta 2029, aunque ciertamente limitado, parece que nos permite avanzar con algo más de tiento por el camino de la neutralidad tecnológica. No es nuevo que la eliminación repentina de los motores de combustión podría generar problemas significativos en el transporte. Además de que la transición a la electromovilidad no está al alcance de todos los bolsillos. Algo que, desafortunadamente, de momento también se aplica a alternativas como el hidrógeno y el gas.
Otro aspecto crucial de la futura EURO 7 es la implementación de un pasaporte medioambiental vehicular, que brindará información sobre emisiones y consumo a lo largo de la vida útil del vehículo. Algo que implicará, de nuevo, inversiones, además de cambios significativos en las operaciones para ajustarse a los nuevos estándares demandados.
Y es que, en este entorno, la rentabilidad se ha convertido en una preocupación central. La posventa es un mercado maduro y altamente competitivo, donde los márgenes se ven presionados por el aumento de los costes de materias primas y suministros. Donde la situación geopolítica actual también complica las cadenas logísticas y la disponibilidad de repuestos. Donde, en respuesta, se está aprendiendo a gestionar el trabajo mediante la planificación y anticipación. Desafíos a los que se suman la carencia de profesiones y la constante actualización normativa (qué decir de la tan necesaria ley de conectividad específica, fundamental para nuestra competitividad y sin la que se podrían poner el riesgo el 70% de las operaciones de posventa).
Encontrar el equilibrio entre sostenibilidad, rentabilidad y calidad de servicio no es fácil, pero sí posible. Por ejemplo, en términos de parque circulante, la antigüedad de los vehículos industriales que circulan por nuestras calzadas alcanza una media de 13,5 años, según el último informe de AERVI. Si a esto añadimos que el 48% de los camiones tiene más de 15 años, se hace más que evidente la creciente necesidad de renovación. Algo que podría reducir las emisiones contaminantes en cerca del 90%. El rejuvenecimiento del parque es vital para avanzar hacia un transporte de mercancías más sostenible. Sólo integrando todo lo comentado, tratando de facilitar algo de oxígeno entre regulaciones, buscando el equilibrio con la rentabilidad y sin dejar de ser conscientes de que el futuro pasa, sí o sí, por un planeta verde, podremos garantizar un transporte eficiente y responsable. Sólo así.
Tribuna publicada en el Nº 52 de la edición impresa de Posventa de Automoción.
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