La AOP rechaza un nuevo impuesto al sector energético por injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) advierte de que establecer un impuesto permanente al sector energético, dando continuidad al gravamen temporal que finaliza el 31 de diciembre, comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor.
AOP reclama un marco fiscal adecuado y estable para impulsar las importantes inversiones que el sector pretende abordar para la descarbonización y la transición energética. En concreto, las empresas del sector tienen previsto dedicar a ese fin más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país.
Además, la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración del clima económico que hacen los inversores e instituciones internacionales. Todo ello supone un importante riesgo para el desarrollo de los combustibles renovables y el hidrógeno renovable, impactando negativamente en la transición hacia fuentes de energía más sostenibles y poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo, lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada. Además, el informe Draghi advierte que la competitividad de la UE está lastrada, entre otros motivos, por un coste de la energía más alto que en EE.UU. o China, como consecuencia, entre otros motivos, de cargas fiscales que el mismo informe pide limitar.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que este tipo de gravámenes deben ser limitados y temporales. En un sentido similar, la Comisión Europea ha subrayado que las empresas del sector energético se encuentran en una situación diferente a la vivida en 2022, durante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.
Por ello, establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente.
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