El sector de los carburantes se une en la lucha contra el fraude en la distribución

AEVECAR, AOP, CEEES y UPI, que representan a toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes, a más de 200.000 trabajadores y a más de 4.700 empresas, apoyan la iniciativa propuesta por algunos grupos parlamentarios para garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito.

En la exposición de motivos del proyecto de Ley del Real Decreto-Ley 8/2023, el Gobierno reconoce que la lucha contra las prácticas fraudulentas en la distribución de carburantes ha alcanzado cotas gravísimas y está incrementándose exponencialmente, por lo que suministradores al por mayor y estaciones de servicio acogen positivamente que la futura norma incorpore medidas que contribuyan a combatir algunas prácticas fraudulentas, pero advierten que resultan insuficientes, ya que no abordan, por ejemplo, el fraude fiscal en el IVA.

En este sentido, consideran imprescindible que, antes de que salga el carburante de los depósitos fiscales donde se almacena, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto, y señalan que dicha fianza puede consistir en presentar algún tipo aval o en demostrar que se trata de un operador confiable. 

De esta forma, se limitarían las opciones que actualmente permiten a los operadores fraudulentos no ingresar el IVA que corresponde a las arcas públicas y se dotaría de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, que siempre tendrán la certeza de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales.

Con este fin, las asociaciones del sector respaldan la propuesta de modificar la Ley del IVA y, de este modo, atajar el fraude que se produce cuando los carburantes se compran dentro de un depósito fiscal, con exención del impuesto, por un operador fraudulento que luego los vende con repercusión de un IVA que no ingresará en la Hacienda Pública. Y ponen como ejemplo a Italia que, ante una situación similar, está aplicando desde 2019 dichas medidas y que, según su Administración, han demostrado su efectividad y facilidad de implantación.

Suministradores al por mayor y estaciones de servicio subrayan que el fraude en la distribución de carburante es un grave riesgo en las distintas fases de la cadena y su erradicación requiere de un conjunto de normas en distintos ámbitos, por lo que celebran la incorporación de garantizar el pago del IVA propuesta por algunos de los grupos parlamentarios, como un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector.

Las asociaciones confían en que los grupos parlamentarios respalden su aprobación e incorporación a la redacción definitiva de la ley y recalcan la importancia de que se valore su puesta en marcha.