Tal y como informa Faconauto, a día de hoy, el 20,59% del parque automovilístico de Madrid no cuenta con ningún distintivo medioambiental emitido por la DGT. Este porcentaje engloba principalmente a los vehículos más antiguos y menos eficientes (modelos de gasolina anteriores a enero de 2000 y diésel anteriores a 2006).
Por su parte, la etiqueta B (turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2000 y de enero de 2006 para los diésel), así como la etiqueta C (turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel a partir de 2014), copan el 26,19% y 41,94% del total de turismos madrileños, respectivamente.
El menor porcentaje de penetración se encuentra en las tecnologías más eficientes y en los coches más jóvenes. Así, los vehículos con la etiqueta CERO (eléctricos e híbridos enchufables) representan solo el 2,25% del parque madrileño, mientras que los etiqueta ECO (híbridos) alcanzan el 9,03%.
Asimismo, Faconauto también ha analizado la evolución de la edad media del parque automovilístico de Madrid, el cual, y a lo largo del pasado año 2022, se situó en los 11,4 años de antigüedad, claramente por debajo de la media nacional, que está en los 13,9 años. La debilidad del mercado y la consecuente crisis de matriculaciones, arrastrada desde la pandemia por los problemas de stock y un contexto de consumo desfavorable, está ralentizando el cambio de vehículo tanto por particulares y familias como por flotas y empresas, de tal forma que la calidad de parque automovilístico está empeorando.
Para la patronal de los concesionarios, el conjunto de la cadena de valor del sector de la automoción, así como Administraciones Públicas y agentes políticos, deben colaborar y tener como eje esencial a la electrificación y a la movilidad sostenible.
Según indica el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, “en 2024 se tiene que producir un punto de inflexión en las matriculaciones de vehículos electrificados, que pasa, necesariamente, por introducir mejoras en el Plan Moves y cambios en la fiscalidad. Creemos esencial que desde el Gobierno central se ayude a las comunidades autónomas en la homogenización de su gestión del plan, que se busque la fórmula para que el comprador obtenga el descuento del vehículo en el mismo momento de la adquisición, que se amplíe el límite de la ayuda hasta los 65.000 euros y que se asegure su continuidad dotándolo con un presupuesto de 600 millones de euros anuales”.
Del mismo y, desde la patronal, se fija como objetivo deseable los 190.000 vehículos electrificados en el próximo año 2024, con el 19% de cuota de mercado. Morales subraya que “para que nuestro país se acerque a los objetivos de descarbonización que establece el PNIEC, la cuota de mercado de turismos y todoterrenos electrificados tendría que incrementarse en siete puntos al año de aquí a 2030, cuando supondrían el 60% del mercado y 600.000 matriculaciones”.
La patronal también propone un plan de renovación de parque eficaz y centralizado en cuanto a su gestión, con descuento en la factura de compra, para el periodo 2024-2027 dotado con 1.100 millones de euros, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. El plan establecería ayudas de hasta 4.000 euros para achatarrar vehículos de más diez años y, en todos los casos, el sector, como en programas anteriores, podría apoyar la medida. El objetivo de esta medida es achatarrar alrededor de 400.000 vehículos, lo que supondría un ahorro de 290.000 toneladas/año de CO2.
De manera paralela, la patronal también propone lo que denomina plan de “renovación social” para 2024, dirigido a rentas por debajo de 25.000 euros, que tendrían un ayuda de hasta 1.500 euros para adquirir un vehículo de hasta 6-7 años y a cambio de achatarrar un vehículo de más de 14 años. Gracias este plan, se podrían quitar de la circulación cerca de 130.000 vehículos viejos y sería una manera de dar una opción de movilidad a conductores con menos recursos afectados por la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Finalmente, la entidad considera que un replanteamiento de las medidas fiscales vinculadas a la movilidad de la ciudadanía sería un elemento dinamizador eficaz y con un impacto directo positivo en los objetivos de descarbonización. Al respecto, propone, entre otras medidas, la exención del IRPF de las ayudas públicas; avanzar, aun conociendo la normativa actual, hacia una deducción total del IVA de los vehículos electrificados o establecer, al menos, un porcentaje lo más amplio posible; o la deducción del Impuesto de Sociedades del 10% sobre las inversiones realizadas para la compra de vehículos industriales y comerciales.
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