España tarda el triple en poner en funcionamiento sus puntos de recarga pública frente a otros países europeos

Según revela el IV Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España, la infraestructura de recarga pública para vehículos eléctricos ha experimentado un crecimiento notable en 2023 con la instalación de casi uno de cada tres puntos de carga pública operativos, lo que ha permitido mejorar la relación entre vehículos eléctricos y cargadores públicos, alcanzando los 15 vehículos (BEV y PHEV) por cargador en 2023, lo que representa una mejora del 25% respecto a 2022, y duplicando la potencia disponible hasta situarse en 1,4 kW por vehículo -por encima de la media europea (1,2 kW)- y alcanzando lo exigido por AFIR (1 kW).

Estos datos, junto al bajo ratio de uso medio (6,31% en 2023), constatan que la infraestructura de carga pública en España sigue evolucionando a medida que crece el parque de vehículos eléctricos que circulan en las carreteras nacionales, siendo la red actual suficiente para el parque actual.

Sin embargo, si bien a cierre del primer semestre de 2024 España contaba con 34.105 puntos de recarga públicos operativos, más de 7.000 puntos adicionales están pendientes de alta, lo que supone el 20% de puntos de recarga pública de media por Comunidad Autónoma. Estos se enfrentan a plazos administrativos que pueden llegar a los 3 años, lo que ralentiza el despliegue y la consecución de los compromisos fijados en el PNIEC de llegar hasta los 340.000 puntos de recarga públicos.

De hecho, el informe revela que aún persisten importantes barreras que frenan el desarrollo de una red de recarga pública eficiente, accesible y competitiva de cara a los objetivos de 2030. “Enfrentamos un escenario de largos tiempos de puesta en funcionamiento, de concentración excesiva de operadores, falta de transparencia en los trámites e información, y falta de interoperabilidad de la infraestructura, criterio exigido por ley a nivel europeo. Estos factores requieren atención urgente, pues encarecen y dificultan el acceso a la recarga pública, sacando al usuario del centro de la estrategia, y generan desconfianza e insatisfacción tanto de usuarios como de potenciales usuarios, además de dificultar la expansión de la red pública y de los operadores de recarga”, advierte May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible y autora del informe.

El 96% de la infraestructura pública, gestionada por solo 10 empresas

Uno de los datos más impactantes que revela el informe es la elevada concentración del mercado de operadores de recarga en España. A cierre del primer semestre de 2024, el 96,21% de los puntos de recarga públicos son gestionados por solo 10 de las 80 compañías operadoras del país. De estas, las cinco primeras dominan el 81,3% del mercado, y la mayor de todas, perteneciente a un grupo empresarial que produce, distribuye y comercializa energía eléctrica, gestiona uno de cada tres puntos de recarga públicos, liderando en 37 provincias españolas.

Falta de información

A esta concentración se suma un problema adicional: la falta de transparencia en la información de los puntos de recarga públicos. Aunque en 2024 España cumplió con el requisito europeo de volcar la información al Punto de Acceso Nacional, a cierre del primer semestre de 2024 solo se disponía de datos de 20.151 de los 34.105 puntos de recarga operativos, es decir, faltaba información del 40,9% de los puntos.

“La falta de información consolidada y precisa sobre los puntos de recarga es un gran problema para los usuarios y para la planificación eficiente del despliegue futuro”, alerta López. “Es necesario ampliar la obligatoriedad de facilitar información actualizada a toda la red pública para que los clientes que adquieren vehículos electrificados y el ecosistema que se mueve en torno a la movilidad eléctrica puedan tomar decisiones informadas”, añade.

La falta de interoperabilidad encarece la recarga pública

Otro aspecto crítico identificado en el informe es la falta de interoperabilidad en el 100% de la infraestructura de recarga pública, requisito obligatorio según el Reglamento sobre Infraestructuras de Combustibles Alternativos (AFIR), que España no está cumpliendo. Esta carencia no solo afecta a la comodidad de los usuarios, que se ven obligados a utilizar diferentes aplicaciones y sistemas de pago según el operador, limitando así la accesibilidad a la red, sino que también incrementa los costes de recarga.

“El hecho de que la recarga pública en España sea más cara que en otros países europeos, a pesar de tener un coste energético más bajo, es una clara señal de que necesitamos resolver el problema de la interoperabilidad y una mayor competitividad entre operadores lo antes posible”, sostiene López. “Sin una infraestructura integrada y accesible para todos, y mayor transparencia en los precios de recarga, corremos el riesgo de crear barreras innecesarias al uso del vehículo eléctrico”.

Retraso de hasta 36 meses en la puesta en marcha

Otro de los grandes desafíos que destaca el informe es la lentitud en los plazos de puesta en funcionamiento de puntos de recarga en España. Los tiempos entre la solicitud de conexión a la red y la puesta en marcha de una electrolinera (con una acometida superior a 200 kW) pueden extenderse entre 24 y 36 meses, un retraso considerable si se compara con otros países como Francia, Bélgica, Italia, Suiza o Austria, donde este proceso es entre tres y cuatro veces más rápido.

El informe sugiere que, para superar estos retos, se deben tomar medidas urgentes detectadas en la consulta pública sobre infraestructuras de recarga realizada por la CNMC, en la que la mayoría de las respuestas recibidas coincidían en que se requiere, una mayor simplificación de los trámites administrativos, mayor transparencia sobre la capacidad de la red eléctrica y una reducción de los tiempos de puesta en funcionamiento, además del control del fraude y la necesidad de legislar tanto las reglas sobre acceso y conexión a las redes de electricidad como el acceso a la información relativas a la capacidad disponible y el reparto de la misma.

“Necesitamos garantizar el cumplimiento de la normativa que promueve la interoperabilidad y una mayor transparencia y simplificación en los procesos, además de garantizar la competitividad y la diversificación de operadores. Debemos reducir los plazos y garantizar la eficiencia del proceso que acompañe la inversión de las empresas encargadas de su despliegue y colocar al usuario en el centro. Solo así podremos asegurar que la infraestructura de recarga esté a la altura de la demanda creciente de vehículos eléctricos en España”, concluye López.