La Policía Valenciana inspecciona más de 2.411 talleres dentro de la Operación "Clau Anglesa"
La Policía de la Generalitat Valenciana ha inspeccionado un total de 2.411 talleres desde que se pusiera en marcha la Operación “Clau Anglesa” en octubre de 2012; en concreto, 980 en la provincia de Valencia, 1.121 en la de Alicante, y 310 en la de Castellón. Del total de talleres inspeccionados, 368 han resultado ser ilegales (111 en la provincia de Valencia, 204 en Alicante y 53 en Castellón).
Esta iniciativa tiene el objetivo de localizar aquellos establecimientos que, sin contar con los permisos preceptivos, la cualificación necesaria, la ausencia de controles de calidad e inexistente plan de tratamiento de residuos peligrosos, pueden perjudicar negativamente tanto al medio ambiente y a la seguridad vial de los ciudadanos, como a los talleres legalmente establecidos.
En este sentido, son los efectivos del Grupo de Medio Ambiente de la Policía de la Generalitat los encargados de realizar las inspecciones oportunas en los talleres mecánicos de la Comunidad, para comprobar si incumplen o no la normativa medioambiental y/o ejercen la actividad de manera ilegal. Según informa el consejero de Gobernación y Justicia de la Generalitat, Luis Santamaría, la Operación se desarrolla “para atender las demandas de asociaciones y federaciones del automóvil y de la metalurgia de la Comunidad Valenciana”.
En el marco de la Operación “Clau Anglesa”, diez personas han sido detenidas, seis en la provincia de Valencia y cuatro en Alicante, por presuntos delitos contra el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública, con lo que se tramitaron las correspondientes diligencias y los detenidos se pusieron a disposición judicial. Asimismo, se han identificado 3.458 personas y se han inspeccionado 7.043 vehículos.
El Gobierno ha activado medidas para mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses, proteger el empleo y reforzar la capacidad productiva. El sector de la automoción, uno de los más golpeados, ve con buenos ojos las primeras medidas, aunque seguirá pendiente de su desarrollo.
Desde Astrave, defienden que esta opción debería ser reconocida dentro de los programas de incentivos, ya que ofrece múltiples ventajas medioambientales y económicas. En el artículo que reproducimos, explican por qué la conversión a GLP es una solución sostenible y por qué es un error que no se contemple en los planes de ayuda gubernamentales.
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